Causa general
Causas abiertas
Amnistía
Una causa general contra un movimiento político
La violación de derechos civiles y políticos del Estado español contra el derecho a decidir de Cataluña tiene diferentes niveles y actúa con diferentes intensidades, siendo difícil determinar cuál acaba siendo su alcance. Los cuerpos policiales del Estado han utilizado la violencia como medida coercitiva para infligir un daño físico a la ciudadanía movilizada, pero también han provocado un daño moral, más difuso de cuantificar. Las cifras que hay a continuación son una primera aproximación de una represión que se dirige a todo un movimiento político transversal y que, por tanto, nos sitúa en un escenario de un conflicto político vivo que enfrenta a los poderes del Estado español con los anhelos de un pueblo por su derecho a decidir. En 2022 se ha constatado que la represión del Estado no tiene límites, desde el ciberespionaje con Pegasus, la infiltración de policías nacionales en organizaciones juveniles y movimientos sociales, hasta las escuchas y seguimientos de personas vinculadas con el independentismo de base o la utilización de la policía patriótica española en operaciones de guerra sucia contra el independentismo catalán.
La violación de derechos civiles y políticos ya se había manifestado anteriormente contra los intentos democráticos de la ciudadanía y las instituciones catalanas por ejercer el derecho a decidir. Dos casos relevantes son las primeras consultas por la independencia realizadas a escala municipal y con inicio el 13 de septiembre de 2009 en Arenys de Munt; y el caso en toda Cataluña en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Esta última ya supuso la persecución penal con condena por desobediencia del Presidente de la Generalidad (Artur Mas), y las consejeras (Joana Ortega e Irene Rigau) por parte del TSJC y condena de cerca de 5 millones de euros contra los tres políticos, además de Francesc Homs y seis altos cargos por los gastos de la consulta decretados por el Tribunal de Cuentas, preludio de lo que sucedería con el Referéndum del 1 de Octubre de 2017.
Las cifras que se muestran a continuación son una primera aproximación de una violación de derechos que se dirige a todo un movimiento político transversal. Esto nos sitúa en un escenario de un conflicto político vivo.
NOS PEGAN
1.689
víctimas de la violencia policial
NOS PEGAN
1.689
víctimas de la violencia policial
1.066
personas agredidas por votar en el Referéndum del 1 de octubre del 2017
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117
víctimas por ejercer el derecho de reunión y protesta en movilizaciones (del 30/01/2018 al 21/12/2018)
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438
víctimas por ejercer el derecho de reunión en protesta por la sentencia que condenó a prisión a los 9 líderes sociales y políticos (del 14/10/2019 a 18/12/2019), entre ellas, 70 periodistas y fotoperiodistas
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68
agresiones fascistas contra personas por su ideología independentista
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NOS JUZGAN
1.460
personas investigadas en procedimientos penales
NOS JUZGAN
1.460
personas investigadas en procedimientos penales
16
presos y exiliados políticos
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+200
personas investigadas por vínculos con la organización y el apoyo al Referéndum del 1 de octubre de 2017
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+70
personas investigadas por ejercer la libertad de expresión
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+1.000
personas investigadas por movilizarse y ejercer su derecho de reunión y protesta
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51
personas perseguidas penalmente por su implicación a favor de la independencia o del derecho a decidir de Cataluña
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+15
personas perseguidas penalmente por la acción exterior de la Generalitat
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NOS AHOGAN ECONÓMICAMENTE
1.200
personas afectadas por procedimientos administrativos y contables
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NOS AHOGAN ECONÓMICAMENTE
1.200
personas afectadas por procedimientos administrativos y contables
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NOS ESPÍAN
103
víctimas del espionaje político
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NOS ESPÍAN
103
víctimas del espionaje político
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Implícate
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