La violación de derechos civiles y políticos del Estado español contra el derecho a decidir de Cataluña tiene diferentes niveles y actúa con diferentes intensidades, siendo difícil determinar cuál acaba siendo su alcance. Los cuerpos policiales del Estado han utilizado la violencia como medida coercitiva para infligir un daño físico a la ciudadanía movilizada, pero también han provocado un daño moral, más difuso de cuantificar. Las cifras que hay a continuación son una primera aproximación de una represión que se dirige a todo un movimiento político transversal y que, por tanto, nos sitúa en un escenario de un conflicto político vivo que enfrenta a los poderes del Estado español con los anhelos de un pueblo por su derecho a decidir. En 2022 se ha constatado que la represión del Estado no tiene límites, desde el ciberespionaje con Pegasus, la infiltración de policías nacionales en organizaciones juveniles y movimientos sociales, hasta las escuchas y seguimientos de personas vinculadas con el independentismo de base o la utilización de la policía patriótica española en operaciones de guerra sucia contra el independentismo catalán.

La violación de derechos civiles y políticos ya se había manifestado anteriormente contra los intentos democráticos de la ciudadanía y las instituciones catalanas por ejercer el derecho a decidir. Dos casos relevantes son las primeras consultas por la independencia realizadas a escala municipal y con inicio el 13 de septiembre de 2009 en Arenys de Munt; y el caso en toda Cataluña en la consulta del 9 de noviembre de 2014. Esta última ya supuso la persecución penal con condena por desobediencia del Presidente de la Generalidad (Artur Mas), y las consejeras (Joana Ortega e Irene Rigau) por parte del TSJC y condena de cerca de 5 millones de euros contra los tres políticos, además de Francesc Homs y seis altos cargos por los gastos de la consulta decretados por el Tribunal de Cuentas, preludio de lo que sucedería con el Referéndum del 1 de Octubre de 2017.

Las cifras que se muestran a continuación son una primera aproximación de una violación de derechos que se dirige a todo un movimiento político transversal. Esto nos sitúa en un escenario de un conflicto político vivo.